La joven, de 20 años y de origen sudamericano, llegó a México en el año 2011 con promesas de trabajo para una empresa de bienes raíces.
A su llegada al país, sus “empleadores” le quitaron el pasaporte y la obligaron a prostituirse para “pagar su boleto de avión”.
Un año después fue acusada de trata de personas en agravio de dos mujeres que, al igual que ella, fueron víctimas de la red de trata.
Por ello, pasó seis años en el penal de Santa Martha Acatitla, hasta que obtuvo una sentencia absolutoria en la que el juez federal que conoció del asunto ordenó que se le otorgara la calidad de víctima del delito.
Daniela no tiene recursos para pagar un abogado, por ello su defensa fue realizada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
Fue absuelta del delito de trata de personas y mantiene pendiente un litigio contra las autoridades penitenciarias, a las que les exigió la reparación del daño.
Fue canalizada con la asesora jurídica especializada en movilidad del IFDP, Janet Calderón para regularizar su situación migratoria, esto debido a que en cuanto salió del reclusorio fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para verificar su estatus migratorio en el país.
Derivado de ello, permaneció detenida un mes en la estación migratoria Las Agujas, en la Ciudad de México.
“Me informaron de mi libertad a las siete de la noche el 13 de julio de 2018, y me subieron a una de las combis que usan para trasladar a las internas. Me sacaron como a las tres de la madrugada. Llegando a la estación migratoria, una custodia y dos custodios revisaron todas mis cosas. Me quitaron unas galletas que traía, las agujetas de mis tenis, me tiraron varias cosas. Me revisaron toda: me bajaron el pantalón, me revisaron el brasier. Luego me llevaron a una celda con varias extranjeras”, contó.
Su asesora jurídica inició los trámites para que Daniela fuera reconocida como refugiada en México y para regularizar su estatus migratorio por unidad familiar, pues se casó con un mexicano.
Luego de concluir los trámites, la asesora de Daniela logró que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) la reconociera como refugiada y obtuvo su residencia por dos años.
La historia de Daniela llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó que la Comar y el INM incurrieron en violaciones a sus derechos humanos en calidad de migrante víctima de trata. Por ello, en enero pasado emitió una recomendación a ambas autoridades.
