Diputados priistas advirtieron que la inmunización se está convirtiendo en una oportunidad para la promoción del Gobierno y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con miras a la elección de junio próximo.
"De manera muy oportunista se está montando un falso escenario ante las y los mexicanos, a fin de perfilar y promocionar al partido político mayoritario como el responsable de la vacunación que nos ayudará ulteriormente a superar la pandemia global que nos azota", se lee en la propuesta.
En las últimas semanas, resaltó, se ha hecho público que parte del padrón electoral, que es beneficiario de los principales programas en materia de Bienestar, como adultos mayores y discapacitados, es la población objetivo del Gobierno federal para aplicar las vacunas.
"En el esquema utilizado por el Gobierno federal, esto puede constituir nuevamente una conducta infractora y reiterada de propaganda electoral de Morena por medio de los denominados Servidores de la Nación, que lejos de ser empleados públicos, fungen como reclutadores políticos a favor del partido político del presidente de la república", expone la fracción priista.
Con la firma de la diputada Claudia Pastor y el coordinador René Juárez, la iniciativa prevé adicionar un párrafo en el artículo cuarto Constitucional, en el cual recientemente se reconoció el derecho de los mexicanos a recibir programas sociales.
"Está prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, descritos en este artículo y equivalentes, con la finalidad de inducir o coaccionar a ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata, o cualquier otro fin electoral. El incumplimiento de lo anterior será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia", cita la propuesta.
En la iniciativa se advierte que se busca precisar que los apoyos económicos que el Estado debe otorgar, reconocidos en el artículo cuarto Constitucional tienen la naturaleza de programas sociales y, por ende, deben seguir las reglas de operación de los artículos 41 y 134 también de la Carta Magna sobre evitar su uso electoral y de promoción personal.
El PRI sostiene que los programas sociales, las obras y servicios públicos que realiza el Gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura alguna, sino que se pagan con los impuestos de los mexicanos.
La bancada tricolor recuerda que el Tribunal electoral ya reconoció que los programas sociales del actual Gobierno han sido utilizados por los Servidores de la Nación para la promoción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ordenó que la vestimenta de esos funcionarios públicos no tuviera el nombre ni imagen del Mandatario al momento de tener contacto con los beneficiarios.
Ello constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, pues se promovió el nombre, logros y compromisos del actual presidente de la república, misma que -además- dichos servidores públicos promocionaron a través de diversas publicaciones sus respectivas redes sociales, argumenta el PRI.
La iniciativa tiene como finalidad primordial, agregan, eliminar viejas prácticas gubernamentales de obtener beneficios de cualquier índole en la contienda electoral, gracias a la indebida utilización, gestión, administración o ejecución de programas sociales.
"En ese sentido y dado que estos programas sociales ya se han utilizado indebidamente para favorecer a una fuerza política, resulta menester precisar expresamente, mediante la adición de un párrafo al texto constitucional, la naturaleza de los apoyos económicos mencionados, a fin de que las y los gobernados tengan la certeza y la posibilidad de conocer las reglas que son aplicables a dichas prestaciones", se menciona en la propuesta.
